MÉXICO.- Aunque resulta relevante y significativo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró oficialmente que la detención de la periodista y escritora Lydia Cacho durante más de 20 horas en 2005, fue “un medio indirecto para inhibir el ejercicio de la libre expresión”, es poco probable que el pronunciamiento del organismo impida en el futuro prácticas de intimidación y abuso de autoridad contra quienes trabajan en los medios de comunicación. Esto, porque las recomendaciones de la CNDH no tienen carácter judicial obligatorio.
Sin embargo, se sienta un importante precedente para los casos relacionados con las prácticas de intimidación contra periodistas, que el dictamen de la CNDH se contraponga al de la Suprema Corte de Justica de la Nación, que en 2007 negó la violación de las garantías individuales durante la detención de la periodista y escritora Cacho.
Lydia Cacho fue detenida y trasladada desde Quintana Roo al estado de Puebla en condiciones irregulares a raíz de una demanda judicial por difamación y calumnia que interpuso en su contra el empresario Kamel Nacif, mencionado en libro Los demonios del edén escrito por la periodista, que da cuenta de una red de pederastia y abuso sexual contra menores.
La CNDH determinó en un documento fechado el 6 de Marzo 2009 que la detención de Cacho y su traslado, tiempo en el que fue torturada física y psicológicamente, no se llevó a cabo dentro de los límites de la legalidad y la seguridad jurídica a que tiene derecho todo ciudadano y solicitó a los gobernadores de los estados donde ocurrieron los hechos, Félix González Canto y Mario Marín, respectivamente, la reparación de los daños cometidos contra la persona de la periodista y la sanción penal a los torturadores de Lydia Cacho, entre los que se encontraban policías y particulares.
Los gobiernos de los estados pueden o no aceptar la recomendación de la CNDH. El más reciente examen de la CNDH sobre los derechos humanos en México revela que "en los años recientes, se ha incrementado el número de agresiones en contra de periodistas, que han quedado impunes. De 2005 a 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha radicado expedientes relacionados con la muerte de 24 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, asesinados, presumiblemente, por razón de su labor profesional. En el mismo periodo se ha
documentado la desaparición de 8 periodistas."
El documento también establece: "Ante esta situación, se explica que algunos editores hayan decidido autocensurarse y dejar de realizar o difundir periodismo de investigación en áreas tales como el narcotráfico, los secuestros y el crimen organizado con objeto de evitar cualquier riesgo, ya que consideran que las instituciones del Estado difícilmente pueden garantizar su seguridad, y en dado caso castigar a los culpables, lo que también incide negativamente en la libertad de expresión y en el derecho a la información." <<>>
documentado la desaparición de 8 periodistas."
El documento también establece: "Ante esta situación, se explica que algunos editores hayan decidido autocensurarse y dejar de realizar o difundir periodismo de investigación en áreas tales como el narcotráfico, los secuestros y el crimen organizado con objeto de evitar cualquier riesgo, ya que consideran que las instituciones del Estado difícilmente pueden garantizar su seguridad, y en dado caso castigar a los culpables, lo que también incide negativamente en la libertad de expresión y en el derecho a la información." <<>>
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